La población urbana continúa en aumento en todo el mundo. Las ciudades son lugares que atraen población, inversiones, actividades, lo que genera un acelerado proceso de urbanización, muchas veces no planificado, desencadenando problemas sociales: de género y diversidad, desigualdad, exclusión; económicos y ambientales. Esto dificulta el desarrollo de las ciudades e impacta en forma negativa en la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Las ciudades se transforman en espacios cada vez más complejos que se enfrentan a nuevos y múltiples desafíos. Esto obliga a los gobiernos locales a repensar y reorganizar la ciudad atendiendo a las demandas actuales, aplicando nuevas estrategias. El modelo de ciudad inteligente, o Smart City, busca resolver estos nuevos desafíos a partir de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de lograr una gestión más eficiente del territorio.
Sin embargo, la transición hacia ciudades inteligentes no se trata solamente de incorporar tecnología, sino de repensar la forma en que los gobiernos locales gestionan, se vinculan con la ciudadanía y generan valor público. Frente a este escenario, es muy común que quienes conforman los gobiernos locales se expongan a un sinfín de interrogantes ¿Cómo se inicia esa transición desde los gobiernos locales? ¿En qué dimensiones es posible trabajar? ¿De qué manera proponemos y enfrentamos ese cambio con los equipos técnicos? ¿Hay un único camino posible? ¿Quién o quiénes certifican estos procesos?
El primer paso es entender que la transformación digital, la gobernanza abierta y la toma de decisiones basada en evidencia son hoy pilares esenciales para construir territorios más sostenibles, inclusivos y competitivos.
Entonces, para que esto suceda, es necesario trabajar en dos sentidos: El primero está relacionado con la infraestructura tecnológica (TICs) y el segundo con las capacidades. En cuanto al primero de ellos, la incorporación de estas herramientas supone el inicio del proceso de transformación digital que “se posiciona como una estrategia esencial para las ciudades modernas, generando cambios significativos en la gestión de recursos, la toma de decisiones y la participación ciudadana” (Mei, Xu y Zhang, 2024). “Esto trasciende un simple avance tecnológico; representa un cambio de paradigma que redefine numerosas dimensiones de la vida en las ciudades. Este proceso conlleva una reformulación de la gobernanza, donde la tecnología se convierte en un motor clave para mejorar la eficiencia, la transparencia y la inclusión” (Baraona-Garduño, 2024).
En cuanto a las capacidades, resulta necesario generar conocimiento para que los funcionarios y funcionarias, y equipos técnicos de gobiernos locales puedan crear, mejorar, reorganizar y repensar la ciudad. “El alcance y la profundidad de las transformaciones internas son proporcionales al cambio institucional que se plantee alcanzar. En todo caso, resulta ineludible que entre dichas transformaciones se incluya la potenciación de los profesionales que integran la administración pública y, en especial, su capacitación en el ámbito de las denominadas competencias digitales” (Salvador Serna, M., Ramírez Hernández, O, 2016).
Es decir, que la capacitación continua otorga herramientas que permiten crear una institucionalidad y gobernanza capaz de guiar, impulsar y coordinar la transformación a lo largo de todo el gobierno, teniendo como eje central la relación gobierno – ciudadanía. Este modelo de gobierno abierto promueve la “transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, a través de un uso intensivo de las TIC, persigue obtener el máximo valor público potenciando la innovación” (Calderon,2014; Cruz-Rubio, 2014).
A la vez que el proceso de transformación digital supone un cambio positivo en la gestión de los espacios urbanos, con sus múltiples potenciales beneficios, también es un fenómeno que se enfrenta a importantes retos como pueden ser la protección de la privacidad y de los datos (Baraona-Garduño, 2024). La aceleración de los cambios en materia digital ha significado que los gobiernos tengan la necesidad de preocuparse y ocuparse de la protección de los datos, por lo que la ciberseguridad se posiciona como una práctica esencial que todo gobierno debe adoptar.
Durante las últimas décadas, los gobiernos, en sus distintas escalas administrativas, han ido avanzando en materia de transformación digital de ciertos procesos y en esa misma línea, el acceso por parte de la ciudadanía a las TICs, también se ha incrementado, generando un escenario propicio para este cambio de paradigma que plantea la trilogía Ciudad Inteligente – Transformación Digital – Gobierno Abierto. Sin embargo, es necesario continuar en ese proceso y abordarlo en forma integral, estableciendo un marco normativo sólido, creando estándares, certificando procesos, lo que depende en gran medida de la intención y de las acciones del gobierno. Sin voluntad política, no es posible avanzar en el diseño de soluciones frente a la demanda de la ciudadanía.
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