El reconocimiento del hecho metropolitano inicia en el año 2000 cuando la Constitución de la República señala al Distrito Metropolitano de Caracas como ámbito territorial con personalidad jurídica propia, a través de una ley que regula sus funciones y competencias. Sin embargo, en el 2009, reveces políticos dan un vuelco a la institución y promulgan una nueva Ley Especial de Régimen Municipal a Dos Niveles para articular la gestión de cinco municipios fundidos en una sola ciudad, con una estructura débil jurídica y financiera.
La falta de procedimientos claros, estructura organizativa, generación de ingresos y precario presupuesto, son características que han mermado la capacidad operativa y gerencial del ente metropolitano, aunado a una importante colisión de competencias entre los distintos niveles de gobierno que incrementa la anarquía y el desorden.
Para contrarrestar esta tendencia el Ejecutivo Metropolitano propone al Cabildo la creación de un Sistema de Planificación Metropolitano como instrumento normativo que guie la gestión de la ciudad y sus procesos administrativos.
Un Sistema que tiene como fin promover la gobernabilidad, la equidad y la sostenibilidad, con base al desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad metropolitana a través del establecimiento de distintas escalas de actuación, un sistema integrado de planes, objetivos y metas sectoriales e institucionales con horizontes temporales establecidos y con criterios de planificación estratégica urbana. De esta forma, recursos, roles y competencias, se asignarían de manera coordinada, con fines y objetivos políticos, sociales, culturales, urbanos, ambientales y económicos, comunes y sustentados en el marco jurídico venezolano.
El Sistema Metropolitano de Planificación deriva en una Ordenanza que integra innovadoras figuras de planificación y propone desarrollar un modelo de ciudad democrática, solidaria y en armonía con su entorno, en la que los ciudadanos disfruten de la calidad de vida que les garantiza el Estado de Derecho. A tales fines, se apoya en todas las instancias de gobierno que tienen competencias sobre la ciudad y fortalece las capacidades rectoras del Área Metropolitana de Caracas promoviendo, mediante mecanismos efectivos de participación, la concertación de intereses, conciliación de esfuerzos y coordinación de voluntades necesarias para una gestión urbana eficiente.
